Diario de Noticias de Álava

La tasadora de las tierras acusó al Consistorio de Labastida de ocultarle el proyecto del golf

admitió un error cuando cifró las fincas en 47 millones de euros, porque eran de pesetas

La empresa insistió en que fue el Ayuntamiento, y no el Registro Mercantil, quien hizo el encargo de la valoración

vitoria. El caso Labastida, destapado por la Fiscalía Provincial de Álava, ha confirmado un hecho: que las tierras aportadas por el Consistorio para acceder a la sociedad que impulsaba el proyecto del campo de golf, San Ginés Labastida, fueron valoradas sin tener en cuenta su plusvalía. Es decir, que se apuntó que se trataba de eriales, cultivo secano y zonas improductivas, cuando Golf&Wine preveía construir en ese enclave un green de 18 hoyos y 750 viviendas, por lo que su precio era mucho mayor. La cuestión ahora es conocer si la empresa tasadora cometió un error o se le ocultó información. La firma aseguró lo segundo ante la Fiscalía.

Tasaciones LKS, con sede en Aretxabaleta (Gipuzkoa) y perteneciente al Grupo Mondragón, realizó entre 2003 y 2005 al menos cinco informes relacionados con áreas de Labastida. Todos esos documentos, según ha podido saber este rotativo, se realizaron en respuesta a las demanda del propio Consistorio, entonces dirigido por el popular Ignacio Gil Orive. El antiguo primer edil ahora está imputado por la Fiscalía -que ve indicios de delito de malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación- junto a tres promotores privados: Luciano Soraluze, Javier Corta y José María Elías.

Los trámites relatados por la empresa chocan directamente con las declaraciones del portavoz del PP, Javier de Andrés. El procurador salió anteayer en defensa de Gil Orive, compañero de grupo en las Juntas Generales, y negó que hubiera irregularidades. Aseguró, además, que la investigación que durante seis meses ha llevado a cabo la Fiscalía ha sido "deficiente". Así, apuntó que si la valoración de las tierras es errónea, "a quien hay que investigar es a la firma tasadora".

El dirigente popular precisó, además, que no había sido el Ayuntamiento de Labastida quien solicitó la intervención de LKS, sino que fue el Registro Mercantil quien lo llevó a cabo de oficio.

Esta maniobra hubiera sido la habitual -al menos con la ley en la mano- en este caso, en el que una entidad pública procede a la enajenación de bienes inmuebles. Para ello, el Registro Mercantil contrataría a dos tasadoras con las que contrastar las valoraciones, para así asegurar la trasparencia del proceso. En el caso de Labastida, siempre según la versión de la responsable de la tasación, no fue así.

el traspaso Según el relato de la tasadora, fue el Consistorio quien en repetidas ocasiones se puso en contacto con la firma para valorar diversas parcelas. Primero se trató de áreas de titularidad municipal y de zonas correspondientes a otros propietarios, y después directamente de las fincas que el Consistorio aportó a su sociedad, Labastida Gestión Municipal, que después acabarían en la entidad que impulsa el campo de golf. Este vaciamiento de patrimonio, de las arcas municipales a los promotores privados, es la clave en los indicios de delito detectados por la Fiscalía.

En este traspaso, no se tuvo en cuenta que los terrenos ocupaban una zona afectada por un proyecto urbanístico. La firma, según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, "no tenía conocimiento en absoluto de la operación urbanística que estaba en marcha en el Ayuntamiento de Labastida. El Consistorio, cuando hace el encargo, no refiere en ningún momento, que dicho terreno va a ser destinado a una operación urbanística".

Es más, según estas declaraciones, "se solicitó la información catastral de las fincas a tasar" y se apuntó que los terrenos en cuestión eran "fincas rústicas". "En caso de haber tenido conocimiento de ese aprovechamiento, la valoración sería diferente", puntualiza.

¿euros o pesetas? Uno de los errores que sí habría admitido la tasadora es que las tierras que el Ayuntamiento aportó para acceder a San Ginés Labastida -cerca de 475.000 metros cuadrados, según la denuncia presentada por la Fiscalía- se valoraron en un informe en cerca de 47 millones de euros, cuando en realidad se hablaba de pesetas. De hecho, finalmente el precio ronda los 247.000 euros.

Sea como fuere, estas diferencias entre el Partido Popular y la tasadora se presentan como una de las claves de la investigación. Fuentes de la empresa insistieron en la "profesionalidad" con que se llevaron a cabo los trabajos, siempre de acuerdo con "el marco legal vigente". La toma de declaración a los imputados resultará vital para atar los flecos del caso y descubrir quién fue el responsable de que las plusvalías no figuraran en la operación.

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