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Garoña, ¿un cierre inmediato?

El Ministerio de Industria decidirá en mayo de 2009, dos meses antes de que su vida útil finalice, si prorroga la actividad de la planta burgalesa durante diez años más. Las exigencias de cierre se multiplican entre los grupos ecologistas y las fuerzas políticas alavesas

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la central nuclear de Santa María de Garoña ha vuelto a convertirse durante los últimos días en el centro de la polémica debido a una serie de incidencias notificadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La instalación ubicada en el valle burgalés de Tobalina, a escasos kilómetros del territorio alavés, sufrió un incidente de nivel I el pasado 20 de agosto por una anomalía en el sistema de suministro eléctrico, lo que obligó a instalar dos unidades ininterrumpidas de potencia de nueva fabricación para reanudar la actividad. Pero los problemas no acabaron ahí.

Cinco días más tarde, un nuevo fallo en el ajuste de la electricidad provocó la parada inmediata de la central, y aunque calificado como de nivel 0 sobre siete en la escala internacional de sucesos nucleares (INES), el debate sobre el cierre inmediato de la planta no tardó en agudizarse todavía más.

Según informó el CSN, las incidencias no comportaron "riesgo alguno para el medio ambiente ni para la población", pero no hay que olvidar que la planta nuclear acumula 37 años de vida útil, lo que la convierte en la más longeva del parque estatal. Las voces favorables a que el gobierno de Zapatero cumpla su promesa electoral y proceda al cierre inmediato de Garoña no sólo se multiplican entre los grupos ecologistas, sino también entre los responsables políticos, entre ellos el gobierno tripartito al frente de la Diputación alavesa.

Mikel Mintegi, diputado foral de Medio Ambiente, solicitó el pasado mes de mayo un cara a cara con el gobierno central que todavía no se ha producido para abordar la clausura de Garoña; sin ir más lejos, la semana pasada volvió a pedir "el cierre inmediato de la central" por el "elevado riesgo de afecciones sobre la población". Su posicionamiento ante las Juntas Generales, que también llevan una década solicitándolo, ha sido a su vez contundente. El contexto en el que se han producido estos últimos incidentes ha aportado a los detractores de la central más razones para decir "basta".

En la mente de todos perdura la reciente incidencia registrada en la central nuclear catalana de Ascó II, debido a un vertido radiactivo que se produjo en su interior. En un principio fue catalogado como de nivel I en la INES, aunque finalmente se elevó al II por el CSN debido al inadecuado control del material radiactivo y por proporcionar información incompleta y deficiente al organismo regulador. La planta se expone a una sanción de 22,5 millones de euros. Además, la central tarraconense Vandellòs II, parada desde el pasado domingo por un incendio, volvió a sufrir anteayer un nuevo incidente al descubrirse que su sistema de extinción de fuego por agua se encontraba desactivado. "Prácticamente todas las plantas nucleares españolas han registrado averías en los últimos meses, pero la antigüedad de Garoña eleva enormemente los riesgos", advirtió Mintegi.

Según un reciente informe del CSN, desde enero hasta junio se han registrado 34 incidentes a lo largo de la geografía estatal. Entre Ascó I y Ascó II suman 15, casi la mitad. Estos reactores comenzaron a funcionar trece y quince años después, respectivamente, que el de Garoña.

prórroga "La secuencia de incidentes que ha vivido Garoña confirma que es urgente y necesario su cierre inmediato, porque es la única central nuclear de la primera generación que sigue en funcionamiento. Y ello frente a la pretensión de Nuclenor de prolongar indefinidamente su vida, con la petición ya realizada de una nueva prórroga para diez años", apuntan desde Ekologistak Martxan. Nuclenor, propietaria de la planta burgalesa, remitió al CSN en 2006 la tramitación para renovar su licencia de actividad, que está siendo complementada cada mes por los técnicos de la central con datos actualizados referentes a la seguridad y al mantenimiento del complejo.

De ahí, el CSN emitirá un informe positivo o negativo sobre esta prórroga, para que el Ministerio español de Industria decida allá por mayo de 2009 si aplica la prórroga. En teoría, la vida de Garoña debía finalizar en julio. "El PSOE ganó las elecciones generales haciendo una serie de promesas como la de cerrar las centrales nucleares más antiguas de forma progresiva. Esperemos que se cumplan esas promesas", señala Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace.

Eguzki, que califica las últimas anomalías en Garoña como una "epidemia", alertó la semana pasada de la presencia de isótopos radiactivos en el río Ebro, las fugas de más de 400.000 litros de agua contaminada por la radiactividad, las emisiones de gases nobles radiactivos 60 veces superiores a los límites legalmente permitidos o "el anormal índice de cánceres en la zona de influencia" de la central burgalesa como razones suficientes para exigir su cierre, al margen de su longevidad.

Pero no sólo los grupos ecologistas han exigido esta clausura por activa y por pasiva. A lo largo de esta semana, los grupos junteros de PNV, EB y Aralar han exigido el cierre "inmediato" de la planta burgalesa, y el propio grupo socialista unió sus votos a la exigencia de clausura de Garoña emitida por las Juntas Generales el pasado 17 de marzo.

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