
Tribuna Abierta
la laicidad ha despertado un debate fundamental en un momento en el que la sociedad española viene de experimentar unos cambios profundos desde el inicio de la democracia hasta hoy en día. Es una evolución sin retroceso que no se detiene. La sociedad española pasó de acatar el pensamiento único del régimen franquista a adoptar diferentes formas de pensamiento y estilos de vida, dotándose de una pluralidad de individuos y colectivos jamás visto en nuestro país.
La inmigración, la globalización, la expansión del conocimiento y un entorno democrático que avala el libre pensamiento han favorecido el desarrollo de una sociedad de individuos y colectivos libres muy diferentes unos de otros.
Esta diversidad y riqueza social demandan más que nunca atención y protección de las instituciones públicas a través de leyes nacidas al amparo de la idea de justicia social y económica, garantizando la convivencia de todos los individuos y colectivos en un entorno de tolerancia máxima. La pluralidad de la sociedad española es muy rica y queda bien constatada, ya que salta a la vista que habitan diferentes religiones, grupos étnico-culturales, comunidades autónomas, grupos raciales, lenguas, ideologías, nuevas familias, partidos políticos y cuantos modos hay de interpretar y vivir el mundo que nos rodea.
Hoy por hoy, no se entiende una democracia que no se asienta sobre una plena laicidad política, es decir, que la sociedad que la compone disfrute de unas garantías de plena igualdad de los ciudadanos ante la ley, libertad de conciencia individual, de educación, y de respeto.
Tradicionalmente se ha entendido el laicismo como un movimiento anticlerical cuyo único objetivo es hacer desaparecer las iglesias y sus religiones de la faz de la tierra. Es una interpretación intencionada y falsa que trata de desviar la atención ante problemas de injusticia social.
El activismo anti-laicidad tiene un claro exponente en el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rouco Varela, quien no desaprovecha una ocasión para atacar los principios laicos que reclama la moderna sociedad española. Rouco Varela y su facción ultraconservadora arengan a demonizar la laicidad desde sus trincheras tachándola como el inicio del ocaso de los valores morales y éticos de España, y por tanto la destrucción de la sociedad y las familias cristinas y la causa motora que adelantará la llegada del Apocalipsis.
Los sentimientos laicos que hay en España vienen reparando en ello hace años y denuncian la actitud de la Iglesia que trata de desviar la atención tratando de salvaguardar lo que más les duele: el fin de los privilegios económicos. Y es que la Iglesia Católica goza de unos privilegios económicos que le son otorgados por parte del Estado gracias a los acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Las aportaciones anuales que recibe del erario público han mejorado, curiosamente, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Además gozan de exenciones fiscales varias en claro privilegio frente a unas políticas fiscales que todos debemos cumplir. Podemos decir que aunque España se defina constitucionalmente como un Estado aconfesional, de hecho no lo es gracias a esos acuerdos, y eso enferma nuestra democracia. Y es que no estamos hablando de espiritualidad, sino de millones de euros que van a parar a las arcas eclesiásticas, por una razón de puro privilegio.
La laicidad sostiene que las religiones pertenezcan al ámbito de lo privado y no interfieran su labor en el espacio público. La Iglesia Católica, fiel a su herencia de siglos, sigue entrometiéndose en la vida pública de un modo poco ético -y últimamente poco estético- apoyándose cómodamente en la derecha española, grupos ultraconservadores religiosos y seculares de poder, un entramado mediático a su servicio y una predicación del miedo terrenal y espiritual que le hacen un flaco favor a la democracia y a la vida existencial de muchos humanos y humanas.
La estrategia de la Iglesia es muy clara, viene desde el medioevo y trata de influir en el gobierno para que legisle a favor de sus intereses, menospreciando a cuantos individuos de otras religiones, agnósticos o ateos hay en España. Y podríamos hablar de otros muchos modos de vivir, interpretar y sentir la vida que hay en nuestro país y que merecen el mismo respeto.
Los laicos exigimos al Estado firmeza en su independencia frente a la Iglesia o cualquier otro colectivo que trate de imponerse e influir en el gobierno de la ciudadanía por medio de leyes sectarias e injustas.
Un Estado laico no es el demonio. No debe luchar contra judíos, musulmanes, cristianos, ateos ni agnósticos. Es más, debe acoger a toda esa diversidad y crear un marco jurídico que la defienda y ampare de toda agresión. Quien entienda que la laicidad es anticlericalismo atenta contra la propia laicidad.
Un Estado laico debe dotar a la sociedad de unos valores éticos que garanticen la convivencia y, por tanto, es imprescindible el diálogo entre culturas y religiones. Lo religioso no debe ser ninguneado por un Estado laico, puesto que las religiones también aportan valores éticos y morales esenciales para la convivencia.
En una sociedad laica y moderna caben todos, nadie se impone, todos tienen las mismas oportunidades, a todos se les escucha y todos participamos de unas reglas que apunten al bienestar y felicidad de la ciudadanía.
Lo que nunca puede aceptar una sociedad laica son los fundamentalismos, fanatismos, leyes y actuaciones del Estado que emanen de verdades reveladas o inspiraciones divinas de Papas, Patriarcas, Ayatolás u otros personajes iluminados por no se sabe qué irracional destello.
* Coordinador de la Plataforma Álava Laica
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