Lakua se da un año para concretar cómo pagará los servicios sociales universales
el copago de las prestaciones se baremará sin tener en cuenta la vivienda habitual
La Ley se desarrollará en ocho años, pero los vascos podrán exigir un primer paquete de servicios en doce meses
vitoria. El Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco tardará un año en conocer en detalle el gasto que supondrá a las instituciones vascas financiar los servicios sociales de carácter universal. Esos doce meses son el plazo estimado para elaborar una primera cartera de prestaciones exigibles por los ciudadanos, que vendrá acompañada de su correspondiente memoria económica. Ayer el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, no quiso aventurar una estimación sobre la capacidad financiera que deberán reservar las instituciones para respaldar ese derecho universal, contemplado en la futura Ley de Servicios Sociales.
El apoyo del PSE al texto del Gobierno Vasco, que equiparará a Euskadi con países como Alemania o Francia y convertirá este tipo de asistencia en un derecho subjetivo reclamable ante los tribunales, prácticamente garantiza su aprobación en lo que queda de legislatura, aunque aún quedan muchas cuestiones por concretar.
La principal de ellas, cómo sufragarán las instituciones vascas un sistema social que garantiza por ley plazas en residencias de mayores o en albergues para transeúntes, ayuda a domicilio, teleasistencia, mediación familiar o atención psicológica ante la violencia de género.
Se trata, como aseguró Madrazo, de que los servicios sociales vayan más allá de la atención a "personas excluidas o marginadas" y constituyan un derecho generalizado, independientemente de las rentas de cada habitante de Euskadi, sea inmigrante empadronado o natural de la Comunidad.
Semejante revolución del sistema de asistencia, que se equipara en cuanto a cobertura a las pensiones, la educación y la sanidad, exigirá una reordenación (y seguramente una ampliación) de las plazas disponibles en residencias o del personal que trabaja en el sector de los servicios sociales. En definitiva, al Gobierno Vasco le toca analizar en profundidad qué necesidades tiene la Comunidad en el ámbito social.
El copago es la fórmula que contribuirá a aliviar las arcas del Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos para hacer frente a esos gastos. Así, los vascos pagarán parte de los servicios sociales de los que hagan uso, en función de su renta individual y dejando excluida la vivienda habitual, siempre que no sea de "carácter suntuoso", un término aún por concretar. Por ejemplo, todo el mundo tendrá derecho a acceder a una residencia de mayores pública o concertada, aunque atesore una auténtica fortuna, pero su cuota mensual no será la misma que la de una persona sin recursos económicos.
El catálogo inicial de servicios se irá ampliando con un primer horizonte de cuatro años, y se espera que en dos legislaturas se desarrolle completamente la Ley. Esta se sustenta sobre esa cartera de prestaciones y sobre el copago, pero también sobre la coordinación, una de las principales taras del actual sistema social vasco. Así, se creará un Órgano Interinstitucional encargado de regular y coordinar el sistema, sin atender a diferencias entre municipios y territorios. >d.n.a.
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Estado del Bienestar. A partir de la aprobación de la Ley en el Parlamento, los servicios sociales se convertirán en un derecho subjetivo y universal, al igual que lo son las pensiones, la sanidad o la educación. Los vascos podrán reclamar este derecho ante los tribunales.
Vía libre en la Cámara. Aunque aún hay que escuchar las aportaciones de PP, Aralar y EHAK, el apoyo del PSE al texto garantiza su aprobación en la presente legislatura.
Copago. Los vascos deberán participar en la financiación de los servicios sociales para poder sostener el sistema. El pago que corresponda al ciudadano, por ejemplo, que ingrese en una residencia, se baremará en función de su renta individual y su patrimonio. Sin embargo, la vivienda habitual no computará a la hora de establecer las cuotas, a no se que se trate de un inmueble de "carácter suntuoso".
Coordinación. La Ley de Servicios Sociales contempla la creación de un Órgano Interinstitucional encargado de regular y coordinar el sistema, sin atender a diferencias entre municipios y territorios. Hasta ahora, la prestación de servicios sociales en Euskadi ha sido muy diferente en función del territorio o el municipio en el que resida el beneficiario.
Plazos. En un año se dispondrá de un primer catálogo de servicios, que se desarrollará durante la próxima legislatura. En ocho años la Ley se aplicará en su totalidad.
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