Diario de Noticias de Álava

La Diputación se querella contra el arqueólogo Eliseo Gil por el 'caso Veleia'

el proceso por fraude y delito contra el patrimonio afecta a tres miembros de lurmen

El gabinete Agirre, de forma paralela, inicia un expediente sancionador que contempla multas de hasta 150.000 euros

vitoria. La Diputación alavesa ha presentado una querella contra tres miembros de Lurmen, el equipo del arqueólogo Eliseo Gil, a raíz del caso Veleia . Esta maniobra supone un paso más allá para esclarecer este escándalo, en torno a la supuesta falsedad de los hallazgos de grafitos en latín, euskera y de temática cristiana, puesto que hasta el momento el Departamento foral de Cultura había trasladado información a la Fiscalía Provincial de Álava, pero ahora ha optado por acudir a la vía penal "por un presunto delito de ataque al patrimonio cultural alavés" y, al parecer, también por fraude.

La titular del área, la abertzale Lorena López de Lacalle, anunció ayer esta decisión, que tiene dos patas , una externa y otra interna. La primera es la presentación de la querella ante el Juzgado de Guardia de la Audiencia de Vitoria. La segunda, el inicio de un expediente sancionador de índole administrativo contra la firma Lurmen.

Es decir, el caso Veleia ya está en manos de un juez. Tras una reunión con la Fiscalía -que había lamentado las "prisas" forales en torno a este proceso-, la Diputación decidió ir más allá y durante la mañana de ayer presentó una querella ante el Juzgado de Guardia. Eso sí, el Ejecutivo, asesorado por sus servicios jurídicos, guarda con celo contra qué personas va dirigida esta querella, e incluso ha solicitado el secreto de sumario. Sin embargo, según ha podido saber este rotativo, en total son tres los miembros de la empresa afectados. Entre ellos, están Eliseo Gil y la ex codirectora de Veleia, la también arqueóloga Idoia Filloy.

El desencuentro entre Lurmen y la Diputación ha sido total desde que, el pasado 19 de noviembre de 2008, una comisión de expertos activada por el Ejecutivo determinó que las inscripciones en piezas encontradas en Veleia eran falsas. Dos meses después, la base del equipo de Lurmen -Gil, Filloy, el trabajador Óscar Escribano, y el colaborador Rubén Cerdán- defendió su gestión. A los dos días, la diputada de Cultura dio el debate científico por cerrado en favor de la comisión.

Ahora, sin embargo, ya no sólo se habla de mala gestión, sino de un delito. Un ataque contra el patrimonio cultural contempla penas de cárcel de uno a tres años y multas de 12 a 24 meses. Además, la querella también habla de fraude.

Las razones del Ejecutivo para optar por la vía penal se hacen evidentes en la orden con que se ha abierto el expediente contra Lurmen. El documento es así de claro: "Hemos constatado la falta y/o graves defectos de método arqueológico seguido en la excavación; la manipulación y tergiversación de los informes aportados en garantía de la autenticidad de los hallazgos; la falta de acreditación, requerida por una orden foral previa, sobre la capacitación profesional del asesor científico de Lurmen SL; la negativa a aportar informes de analítica que se dicen realizados por los laboratorios CEA-CNRS de Saclay, en París, y otros; la existencia de hechos de falsificación de inscripciones arqueológicas por un trabajador; y la falta de control de su dirección en la seguridad del yacimiento".

Este expediente, con el que la Diputación parece guardarse las espaldas en caso de que no prospere la vía penal -el documento quedaría en suspenso si finalmente se activa el proceso-, contempla sanciones que alcanzan los 150.000 euros.

Se trata del segundo expediente que el Ejecutivo elabora en torno a Lurmen, puesto que el primero ya supuso la revocación de sus permisos de excavación en Veleia. Esta vía ya se ha cerrado, negando cualquier tipo de indemnización a la firma de Gil.

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