
Recreación de la plataforma logística del Almacén Temporal Centralizado.Foto: ministerio de industria
vitoria. El Ayuntamiento del Valle de Tobalina no está dispuesto a albergar el cementerio nuclear que almacenará los residuos nucleares de todo el Estado, una posibilidad que apuntó el jueves el ministro de Industria, Miguel Sebastián, tras anunciar el cierre definitivo de la central en 2013.
El Pleno del Consistorio burgalés, que gobierna un grupo independiente bajo las siglas del PP, votó la semana pasada contra la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en las instalaciones de Santa María de Garoña, y además exigió al Ejecutivo central que traslade todos los residuos radiactivos allí almacenados al emplazamiento donde se ubique el ATC. Actualmente, los residuos de alta intensidad se almacenan en las piscinas de las diez centrales del Estado, que empiezan a saturarse. El Ministerio de Industria debe publicar este mismo año la convocatoria para que aquellos municipios interesados en albergar al ATC presenten sus solicitudes.
Tobalina, desde luego, no será uno de ellos. "Para poner un ATC en cualquier municipio todavía tienen que dar la autorización los ayuntamientos, y nosotros ya hemos dicho que no lo queremos, evidentemente que no. Queremos que inviertan, pero en otro tipo de cosas", afirmó ayer el alcalde del municipio, Rafael González.
La opinión mayoritaria en Tobalina, expresada en el Pleno municipal, pasa más bien por un proyecto industrial que Sebastián no pudo concretar el jueves, pero que la portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al menos acotó en el tiempo tras el Consejo de Ministros celebrado ayer. En tres meses se habrá redactado un plan de dinamización industrial consensuado con la Junta de Castilla y León y con los municipios afectados, como el de Tobalina, que está dispuesto a ir a los tribunales si ese plan no se traduce en resultados.
El valle forma parte de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), un organismo que no sólo defiende, sino que promueve, la construcción de un ATC que supondrá una inversión de 540 millones de euros.
Por otra parte, el cierre de Garoña en 2013 le supondrá a Endesa e Iberdrola un impacto negativo de 43 millones de euros. Ambas compañías son propietarias de Nuclenor, la firma que explota la central.
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